Supuestamente, las prácticas irregulares en la contratación de personal no docente deberían estar en el punto de mira en nuestra Región. Indicios apuntan a que, en un instituto de San Pedro del Pinatar (Área 3), se está llevando un proceso de selección poco transparente, donde los criterios objetivos y legales están siendo relegados en favor de preferencias personales de algún miembro de la directiva que estaría intentando favorecer a un candidato para quedarse con una plaza que, por ley, no le corresponde.
A pesar de que existen funcionarios interinos con los requisitos necesarios para ocupar el puesto vacante, la dirección del instituto estaría intentando que esta persona se quedara con el mismo; plaza que lleva ocupando desde hace más de dos años debido a que la titular de la misma se encontraba con una baja y que ahora se jubila. La ley es muy clara en este aspecto, dice que automáticamente la persona sustituta cesa.
Presuntamente esta sustituta tendría una relación personal con un miembro del equipo directivo. Estas prácticas son un claro ejemplo del nepotismo y vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que deberían de regir en cualquier proceso de selección. El mero hecho de que existan interinos con derecho preferente a ocupar este puesto de personal no docente y que se esté intentando saltar esta norma, resulta vergonzoso e inadmisible.
Estas supuestas irregularidades no solo perjudican a cientos de personas con derecho preferente, que se encuentran en una bolsa en lista de espera, sino que también afecta a la imagen del instituto y a la confianza de los trabajadores frente a la dirección. La contratación de personal debe ser un proceso transparente y basado en criterios objetivos, garantizando que los puestos sean ocupados por los candidatos correspondientes y por orden.
Ante esta situación de indefensión, es fundamental que Función Pública investigue a fondo este uso de poder desmedido, y tome las medidas necesarias para garantizar que los procesos de selección se ajusten a la normativa vigente. Asimismo, se hace necesario reforzar los mecanismos de control y transparencia en la contratación de personal, con el fin de prevenir que se sigan repitiendo situaciones similares.
Es capital recordar a las Administraciones que el dinero utilizado para cubrir estas plazas, proviene de los impuestos de todos los murcianos. Por lo tanto, su gestión debe ser transparente y estar sujeta a los más altos estándares de ética y legalidad. Cuando se van a producir casos como este, donde se sospecha de intereses personales que están por encima del interés general, se está socavando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Para cortar de raíz esta práctica ilegal que sigue sucediendo, es necesaria la implementación de medidas drásticas y urgentes.
Auditorías externas que sean periódicas y rigurosas ante los procesos de selección de personal en todas las instituciones públicas.
Revisar los procedimientos de selección en profundidad para garantizar que se basan en criterios objetivos y transparentes, estableciendo mecanismos claros evitando la discrecionalidad y el favoritismo.
Canales de denuncias anónimos que sean seguros para los empleados y los ciudadanos para que puedan denunciar cualquier irregularidad sin temor a represalias. Contamos también con los sindicatos, que deben velar por los intereses laborales, haciendo su trabajo para que no se les tome el pelo a todos aquellos que confían en las administraciones, su buena fe y labor.
Confiamos que desde la CARM y Función Pública se adopten las medidas óptimas y oportunas para que este hecho no tenga lugar.
Concluyendo, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sólida. Cuando las instituciones públicas actúen con transparencia, nosotros como ciudadanos de derecho podremos ejercer control efectivo sobre el poder, y exigir que se actúe sin demora alguna.
José Antonio Carbonell Buzzian
